Vivimos tiempos extraños. No porque exista corrupción política —la historia humana nunca estuvo libre de ella—, sino porque hemos empezado a medirla con distinto rasero según quién la cometa. Lo verdaderamente inquietante no es únicamente que existan dirigentes corruptos, sino que una parte de la sociedad haya dejado de considerar la corrupción como un problema moral universal para convertirla en un arma tribal. Ya no importa tanto lo que se hace, sino quién lo hace.
Hace años, la corrupción provocaba una cierta vergüenza colectiva. Había una conciencia social compartida de que utilizar el poder público para beneficio propio constituía una traición al bien común. Hoy, sin embargo, asistimos con frecuencia a un fenómeno mucho más preocupante: la corrupción del adversario despierta indignación absoluta, mientras que la del propio grupo político se relativiza, se justifica o simplemente se ignora. La ética ha comenzado a someterse a la identidad.
El Papa Francisco advirtió en distintas ocasiones que la corrupción actúa como “un cáncer social” capaz de anestesiar lentamente la conciencia colectiva. Insistía en que el verdadero problema del corrupto no es solo el delito cometido, sino la progresiva incapacidad para reconocer el daño moral que provoca. Tal vez ahí resida una de las claves más profundas de nuestro tiempo: la corrupción no comienza únicamente en las instituciones, sino también en la normalización social de la mentira y en la aceptación tribal de aquello que condenamos cuando lo realizan otros.
La polarización política no solo divide ideologías; está fragmentando el juicio moral de las democracias. Cada vez resulta más difícil sostener criterios éticos compartidos porque el debate público se ha desplazado desde la verdad hacia la adhesión emocional. El adversario deja de ser alguien con quien discutir y pasa a convertirse en alguien al que derrotar, desacreditar o expulsar simbólicamente. Cuando eso ocurre, la convivencia democrática empieza a deteriorarse silenciosamente.
El problema no es únicamente político. Es profundamente educativo y cultural. Las democracias no se sostienen solo con leyes, tribunales o instituciones. Necesitan ciudadanos capaces de escuchar, deliberar y reconocer al otro como interlocutor legítimo, incluso cuando piensa distinto. Cuando desaparece esa capacidad de encuentro, la vida pública se convierte en una suma de trincheras emocionales incapaces de construir un horizonte común.
Quizá por eso uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo sea reconstruir una pedagogía democrática. Educar no consiste únicamente en transmitir contenidos, sino también en formar la conciencia ética y la responsabilidad pública. Enseñar a pensar críticamente, a dialogar sin deshumanizar y a distinguir entre convicciones firmes y fanatismos identitarios se ha convertido en una necesidad urgente para nuestras sociedades.
En este curso he podido comprobar algo esperanzador trabajando con alumnado universitario de Magisterio en experiencias de deliberación cooperativa sobre corrupción política y polarización. Cuando los estudiantes se ven obligados a escuchar perspectivas distintas, argumentar racionalmente y construir respuestas compartidas con compañeros que no han elegido, comienzan a descubrir algo esencial: que la democracia no se aprende únicamente en los libros, sino también en la experiencia concreta del encuentro.
Frente a ello, necesitamos recuperar espacios de conversación serena, pensamiento crítico y responsabilidad compartida. Porque las democracias pueden sobrevivir durante algún tiempo sin confianza, pero difícilmente podrán hacerlo sin ciudadanos capaces de reconocer que la verdad, la justicia y el bien común no deberían cambiar según el color político de quien los invoque.
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