El derecho antes del derecho

Una sencilla ficha escolar sobre los derechos humanos puede dar mucho que pensar. En ella se explica a los alumnos que todas las personas poseen unos derechos fundamentales, independientemente de su nacionalidad, religión, sexo, edad o condición. Después se recuerda la Declaración Universal de 1948 y se invita a reconocer algunos de esos derechos: la vida, la educación, la libertad, la participación o la igualdad. Hay detrás de estas páginas educativas un esfuerzo admirable: enseñar desde pequeños que la convivencia humana exige respeto, justicia y atención especial a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Pero quizá convenga detenerse en una cuestión anterior. ¿Tenemos esos derechos porque alguien los declaró en 1948? ¿Los poseemos porque un Estado los reconoce en sus leyes? ¿O la tarea de las declaraciones y de los ordenamientos jurídicos consiste precisamente en reconocer algo que estaba ya allí? La propia Declaración Universal ofrece una pista decisiva. Su preámbulo habla de la «dignidad intrínseca» del ser humano y de unos derechos «iguales e inalienables», mientras su artículo primero comienza diciendo que todos los seres humanos «nacen libres e iguales en dignidad y derechos». No parece, por tanto, que la dignidad comience cuando es escrita en un texto jurídico. El derecho positivo la formula, la protege y establece instrumentos para hacerla efectiva, pero no parece crearla desde la nada.

Aquí aparece la vieja y siempre nueva cuestión de lo natural. La palabra puede resultar incómoda porque ha sido utilizada de maneras muy diferentes. Natural no significa espontáneo, biológico o simplemente aquello que sucede en la naturaleza. Tampoco consiste en trasladar sin más al derecho una determinada doctrina filosófica o religiosa. Se trata de preguntarnos si la realidad humana posee una consistencia propia que nuestra inteligencia puede reconocer y a la que nuestra libertad debe responder. Si una persona tiene dignidad únicamente porque una mayoría se la atribuye, otra mayoría podría retirársela. Si, por el contrario, existe algo en la realidad misma de la persona que reclama respeto, entonces el consenso político y jurídico encuentra un límite que no puede disponer arbitrariamente.

Por eso necesitamos una lectura interdisciplinar de la realidad. El jurista necesita al filósofo, pero también al historiador, al educador, al sociólogo, al científico y a cuantos intentan comprender qué significa realmente ser persona y vivir con otros. La realidad siempre resulta más rica que cualquiera de nuestras perspectivas particulares. Ninguna disciplina la agota. Y acaso uno de los riesgos de nuestro tiempo consista precisamente en confundir el fragmento con el todo: creer que porque hemos formulado jurídicamente un derecho ya hemos comprendido por completo aquello que ese derecho intenta proteger.

Nada de esto disminuye la extraordinaria importancia del derecho positivo. Precisamente porque la dignidad necesita convertirse en realidad histórica hacen falta constituciones, tribunales, instituciones, políticas sociales y educación. La experiencia del siglo XX mostró dramáticamente hasta qué punto la dignidad humana puede ser desconocida cuando carece de garantías efectivas; la Declaración de 1948 nació en ese contexto y se proclamó como un ideal común que debía traducirse en reconocimiento y aplicación efectivos. Pero una sociedad necesita también preguntarse continuamente por el fundamento de aquello que protege. De otro modo podemos conservar las palabras mientras cambiamos silenciosamente su significado.

Quizá, por eso, junto a la necesaria educación en los derechos humanos, debamos recuperar una educación capaz de enseñar a leer la realidad. Aprender a mirar al otro antes de clasificarlo, comprender antes de decidir, descubrir antes de legislar. La justicia necesita normas, pero necesita previamente una mirada capaz de reconocer aquello que reclama justicia. Antes de escribir nuestros derechos hubo seres humanos que pedían ser reconocidos como tales. Y acaso la misión permanente del derecho consista precisamente en eso: escuchar con humildad lo que la realidad humana tiene que decirnos y convertirlo, después, en una convivencia donde nadie tenga que mendigar la dignidad que ya posee.