En una ocasión le escuché a alguien que, en un sistema democrático, los miembros del gobierno de la nación y el resto de diputados y representantes públicos de las administraciones del Estado son contratados por la soberanía popular durante un periodo de cuatro años. Que son empleados públicos que firman, la mayoría con la mano sobre el texto de la Constitución bajo forma de promesa, un contrato de trabajo en favor del pueblo que les ha contratado. Son asalariados por cuenta ajena y han de dar cuenta de su trabajo ante sus jefes que somos los ciudadanos. Y me parece que no es malo ejemplo.
Esta jefatura soberana no se debe ejercer solo cada cuatro años. No podemos introducir una papeleta en una urna y desconectar suponiendo que lo van a hacer bien y confiando ciegamente en su gestión. Hemos de participar activamente en la marcha de nuestra sociedad por el camino del bien común. Y quienes no participan, tampoco deberían situarse en la grada de los descontentos que solo critican y se quejan. La participación ciudadana es tanto una posibilidad y un derecho, como un deber de responsabilidad social.
El principio de Participación se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediantes las cuales los ciudadanos, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. Es, sin duda, una característica del principio de Subsidiariedad. La participación es no solo una de las mayores aspiraciones del ciudadano, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia.
El crecimiento exagerado del aparato burocrático niega, de hecho, al ciudadano la posibilidad de proponerse como verdadero actor de la vida social y política. Y todos debemos luchar contra este encajonamiento de la vida social.
El mismo Benedicto XVI solicitaba, especialmente a los laicos, que asumieran este compromiso social: «Los fieles laicos, como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de la ‘multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común» (DCE, 29).
Teniendo en cuenta este principio rector de nuestra democracia, hemos de reconocer que, cuando la burocracia ahoga las formas ágiles y sencillas de participación ciudadana, siempre queda el derecho al pataleo, que se manifiesta tanto en los aplausos como en las caceroladas a través de las que los ciudadanos pueden hacer oír su voz. Solo debemos esperar que quienes ejercen de esta manera su derecho de participación, hayan ejercido el deber del voto cuando tocó ejercerlo.
Una sociedad de la que se elimina la iniciativa social en educación, sanidad, economía, cultura y ocio, así como en las demás dimensiones de la vida común, ¿qué medios de participación le quedarían? Y ya no vale apelar al Estado como a papá. El ejemplo inicial no situaba a los gestores de la política como padres, sino como empleados.
Esta jefatura soberana no se debe ejercer solo cada cuatro años. No podemos introducir una papeleta en una urna y desconectar suponiendo que lo van a hacer bien y confiando ciegamente en su gestión. Hemos de participar activamente en la marcha de nuestra sociedad por el camino del bien común. Y quienes no participan, tampoco deberían situarse en la grada de los descontentos que solo critican y se quejan. La participación ciudadana es tanto una posibilidad y un derecho, como un deber de responsabilidad social.
El principio de Participación se expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediantes las cuales los ciudadanos, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. Es un deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al bien común. Es, sin duda, una característica del principio de Subsidiariedad. La participación es no solo una de las mayores aspiraciones del ciudadano, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia.
El crecimiento exagerado del aparato burocrático niega, de hecho, al ciudadano la posibilidad de proponerse como verdadero actor de la vida social y política. Y todos debemos luchar contra este encajonamiento de la vida social.
El mismo Benedicto XVI solicitaba, especialmente a los laicos, que asumieran este compromiso social: «Los fieles laicos, como ciudadanos del Estado, están llamados a participar en primera persona en la vida pública. Por tanto, no pueden eximirse de la ‘multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común» (DCE, 29).
Teniendo en cuenta este principio rector de nuestra democracia, hemos de reconocer que, cuando la burocracia ahoga las formas ágiles y sencillas de participación ciudadana, siempre queda el derecho al pataleo, que se manifiesta tanto en los aplausos como en las caceroladas a través de las que los ciudadanos pueden hacer oír su voz. Solo debemos esperar que quienes ejercen de esta manera su derecho de participación, hayan ejercido el deber del voto cuando tocó ejercerlo.
Una sociedad de la que se elimina la iniciativa social en educación, sanidad, economía, cultura y ocio, así como en las demás dimensiones de la vida común, ¿qué medios de participación le quedarían? Y ya no vale apelar al Estado como a papá. El ejemplo inicial no situaba a los gestores de la política como padres, sino como empleados.
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